En su sentencia de 26 de noviembre de 2010, la CoIDH, resolvió que:
El Estado debe, en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; así como adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos, de conformidad con el párrafo 215 de la presente Sentencia.
De acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones fueron iniciadas el 15 de julio de 2011, bajo el número de expediente 173/UEIDLAPE/12/2011 y turnadas a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República. Al respecto, la propia Titular de la Unidad, la Lic. Alicia Rosas Rubí, refirió que la investigación había sido iniciada por el delito de tortura contemplado en la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y bajo su cargo, puesto que recae en su competencia.
La apertura de las investigaciones en el fuero federal representa un paso importante en la demanda de justicia que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera han mantenido desde 1999, año en que con motivo de su activismo ambiental fueron arbitrariamente detenidos por el Ejército y violentados en su integridad física y psicológica, para obligarlos a firmar confesiones autoinculpatorias sobre delitos que no cometieron. En las semanas que siguen, agentes de la PGR, con la coadyuvancia de los representantes de las víctimas, realizarán diversas diligencias para recabar más pruebas del delito de tortura y para deslindar responsabilidades por este crimen, por lo cual es de esperarse que la investigación cuente con avances para finales de este año cuando le toque al Estado mexicano informar a la Corte Interamericana del estado de cumplimiento de la sentencia internacional.
Por lo tanto, desde el Centro Prodh y Cejil:
- Recordamos que la autoridad investigadora deberá tomar en cuenta la verdad histórica y legal establecida en la sentencia de la CoIDH, donde claramente se prueba la participación de elementos castrenses tanto en la detención arbitraria como en la tortura perpetrada en contra de los Campesinos Ecologistas.
- Exhortamos a la autoridad a investigar de acuerdo a los criterios señalados en la sentencia sobre las diversas hipótesis que motivaron los hechos, incluida aquella que refiere su activismo en la defensa del medio ambiente.
- Recordamos que las investigaciones deberán conducirse de manera diligente, atendiendo a los estándares más altos de derechos humanos y velando en todo momento por el derecho de las víctimas.
para rematar fallas en el equipo de Eruviel Ávila - Roberto Calleja Ortega lea mas... http://bit.mx/rco
No hay comentarios:
Publicar un comentario